“Tarde un año en encontrarlo porque quería que fuera en el centro”, recuerda Dahiana Maneiro, inquilina en una ciudad de la provincia de València. Su experiencia refleja la frustración de muchos vecinos ante la escasez de pisos disponibles, los precios desorbitados y los alquileres que suben cada año. “Lo que antes costaba seiscientos euros ahora está en novecientos o incluso mil”, señala.
También asegura que la oferta no solo es limitada, sino que los pisos existentes a menudo no se ajustan a las necesidades de quienes buscan vivienda estable porque son estancias temporales o residencias vacacionales.
Oferta limitada y mercado al alza
En eso está de acuerdo Maite Migueles, agente de la propiedad inmobiliaria. “Muchos arrendadores prefieren el negocio del alquiler vacacional, que supone un riesgo menor y sale más rentable a largo plazo”, explica.
Además, los seguros de impago que exigen las compañías para formalizar un alquiler de larga duración generan barreras adicionales: algunos inquilinos no cumplen los requisitos, lo que provoca que los propietarios retiren sus viviendas del mercado porque tienen miedo.
“Hace años que está habiendo unos máximos históricos en la compraventa, sobre todo en las zonas costeras del territorio, pero la demanda supera la oferta, y eso provoca que las tarifas suban constantemente”, comenta.
Menciona que otro problema es la llegada de inversores extranjeros que compran al contado, sin necesidad de financiación, incrementa todavía más los precios y reduce la oferta disponible para los locales. La combinación de estos factores hace que la vivienda en la provincia sea un recurso escaso y cada vez más inaccesible.
Solo el 15% de los valencianos consigue independizarse antes de los treinta
Una tormenta perfecta
José María Costa, abogado en un gabinete económico-jurídico y profesor en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècnica de València, describe la situación como una tormenta perfecta.
“Hay familias que buscan vivienda, hijos que salen del hogar y fenómenos de inmigración, además de personas con un alto poder adquisitivo que compran segundas residencias. Esto bloquea el mercado y dispara los precios”, dice.
El turismo y los fondos añaden una presión adicional. Costa subraya que los inmuebles destinados a negocios turísticos o inversión ya no se usan como vivienda habitual, sino como fuente de rentabilidad económica.
Además, apunta, está el hecho de que hace quince años vivir a una hora de València, pero trabajar en la capital, no suponía un gran problema porque los trenes tardaban menos de una hora en hacer ese recorrido. “Hoy, por el motivo que sea, esto no está ocurriendo. Renfe siempre va con retraso o cancela los viajes sin más”, añade.
Esta situación deja una grave huella psicológica entre los más jóvenes
Posibles soluciones
“Hay que empezar a plantear una inversión pública muy potente en el transporte público y las conexiones entre ciudades. Si no, los núcleos urbanos grandes como València colapsan y expulsan a la gente fuera”, expresa.
El abogado enfatiza que la solución no es rápida: “Se necesita ampliar la construcción de manera controlada y tener seguridad jurídica para que los propietarios se atrevan a poner sus viviendas en alquiler. Solo así se puede descentralizar la demanda y aliviar la presión de las ciudades con más habitantes”.
A la pregunta de si ve necesario regular el precio de los inmuebles, tal y como propone Maneiro, responde que él no es partidario de intervenir en el mercado porque, cuando pasa esto, hay cierta tendencia a manipular el sector.
“Sí estoy a favor de crear viviendas oficiales más asequibles, pero siempre con una obligación de permanencia y un sistema muy vigilado para evitar los fraudes. Ahí la administración juega un papel importante”, indica. Así pues, propone controles estrictos para garantizar precios justos evitando que los pisos se utilicen solo con fines especulativos.
Nos enfrentamos a un déficit de más de 60.000 viviendas
La dificultad de ser inquilino
Tal es la situación en la provincia que la Càtedra de Joventut de la Universitat de València estima que, hoy en día, únicamente el 15% de su ciudadanía consigue independizarse antes de cumplir los treinta.
De hecho, un informe que el Observatorio de Emancipación publicó el año pasado afirma que las personas que alquilan una vivienda de forma individual invierten casi el 92% de su salario en ello. Esto representa un gran esfuerzo para mucha gente y supone que haya quienes se ven obligados a compartir piso o a continuar con sus padres.
Consecuencias en la salud mental
Todo ello implica una serie de consecuencias psicológicas que empeoran la salud mental de la juventud valenciana. Según el Barómetro de la Vivienda, el 52% de los jóvenes menores de treinta años sufre ansiedad cuando busca un sitio en el que poder estar, y el 29% ha tenido episodios de depresión vinculados a su situación.
Por si fuera poco, el II Barómetro sobre Vivienda en España, presentado durante este verano, afirma que el 63% de la generación Z que siente la soledad indeseada creen que esta es una de las cosas que agrava esa sensación, mientras que el 42% de los ciudadanos señala la vivienda como uno de los principales problemas del país.
La situación es delicada, puesto que la provincia se enfrenta a un déficit de más de 60.000 viviendas que ya está asfixiando a buena parte de la población.
