El Ayuntamiento de Villena ha decidido plantear una reclamación formal al Consell para exigir el pago de intereses de demora por la falta del ingreso de la anualidad del Contrato Programa de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2025, que asciende a 1,33 millones de euros y que la Generalitat Valenciana todavía no ha abonado.
La medida, impulsada por la concejalía de Hacienda, responde a la situación generada por el impago sistemático de los fondos que legalmente debían financiar servicios, y cuya competencia recae en la administración autonómica.
Una situación que ha obligado al consistorio local a adelantar el pago de nóminas y gastos operativos durante doce meses. El Gobierno municipal entiende que esta situación constituye una financiación indebida del Consell y reclama compensación financiera por el perjuicio sufrido.
Un impago que pesa
El Contrato Programa de Servicios Sociales es un instrumento de financiación que vincula al Ayuntamiento de Villena con la Generalitat Valenciana, para la prestación de servicios sociales de competencia autonómica en el marco del periodo 2025-2028. Este acuerdo exige la aportación de fondos por parte de la administración autonómica para sufragar gastos de personal y prestaciones que, aunque se gestionan desde el consistorio, son responsabilidad de Generalitat.
Sin embargo, según ha explicado el concejal de Hacienda, Juan José Olivares, la anualidad de 2025, cuyo importe se eleva a 1,33 millones de euros, no ha sido ingresada por la Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, pese a haber transcurrido prácticamente todo el ejercicio fiscal.
Esta ausencia de transferencia obliga al Ayuntamiento a cubrir con fondos propios los costes de un servicio esencial que legalmente no le corresponden.
Contrato Programa de Servicios Sociales: un instrumento de financiación que vincula al Ayuntamiento con la Consellería hasta 2028
Reclamación de intereses
La acción que promueve el equipo de gobierno se enmarca en un principio de reciprocidad. La administración local considera que, así como la Generalitat exige intereses de demora cuando las entidades locales incumplen plazos de gasto o de justificación de subvenciones, también debe ser responsable de los intereses generados por el retraso en la transferencia de fondos que le corresponden pagar.
Desde la concejalía consideran que, si Conselleria puede reclamar intereses por no utilizar la totalidad de los fondos, sin considerar ninguna circunstancia legal o administrativa, de igual forma se puede ejercer el mismo derecho contra la Conselleria por el retraso en sus obligaciones de financiación.
La concejalía de Hacienda exige al Consell reciprocidad en el cumplimiento de responsabilidades fiscales
Varapalo a las arcas municipales
El Ayuntamiento de Villena ha tenido que afrontar con recursos propios gastos que legalmente corresponden a la administración autonómica, como los salarios del personal que presta los servicios sociales.
La falta de pago ha supuesto una presión adicional sobre la liquidez local. La delegación municipal de Hacienda subraya que no se trata de un impago menor, sino de una transferencia fundamental para garantizar la continuidad de los servicios sociales básicos.
Conselleria no actuó con la anticipación suficiente para evitar un vacío financiero tras la caducidad del contrato anterior al 31 de diciembre de 2024, y el nuevo contrato, que debía entrar en vigor sin interrupciones, sufrió retrasos en su puesta en marcha. Se ha calificado esta situación como una dejación de funciones por parte del Consell, especialmente en un ámbito tan sensible como el de los servicios sociales, que atienden a personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
Los impagos de salarios del personal en Servicios Sociales se unen a otras mermas, como la drástica reducción de fondos a APAC
Siguientes pasos
Desde la concejalía de Hacienda se ha anunciado que se tramitará formalmente la reclamación de intereses de demora ante la Conselleria competente. El objetivo del Ayuntamiento es que estas gestiones no solo regularicen la situación económica en lo inmediato, sino que también sienten un precedente de responsabilidad financiera interadministrativa.
Las negociaciones y posibles respuestas del Consell aún están por verse, y al cierre de esta edición la comunicación oficial de la administración autonómica no se ha difundido públicamente. Sin embargo, la iniciativa de Villena abre un debate más amplio sobre la coordinación y obligaciones financieras entre administraciones locales y autonómicas en la gestión de servicios públicos fundamentales.
Llueve sobre mojado
Desde estas páginas ya se ha denunciado anteriormente la gestión de ayudas a colectivos de servicios sociales que desarrollan una labor fundamental para Villena y comarca como es Asociación comarcal de personas afectadas por el cáncer (APAC).
Este colectivo que opera en el Alto Vinalopó desde 1998 ha visto amenazada su continuidad en los últimos años por descensos drásticos en las ayudas percibidas, los cuales han obligado al Ayuntamiento a intervenir para evitar el cierre.
En el año 2024 esta asociación comenzó a experimentar un importante desequilibrio económico que comprometía su continuidad, frente al que el Ayuntamiento intervino firmando un convenio extraordinario por 30.000 euros.
La situación en 2025, lejos de mejorar, ha vuelto a vivir otro serio contratiempo ya que, tras recibir 74.200 euros de subvención en 2024, las ayudas han descendido hasta los 27.072 euros percibidos esta anualidad, ante lo cual el consistorio local se ha visto obligado a intervenir una vez más, convirtiendo algo excepcional en costumbre y así evitar el cierre de APAC en Villena.
