Entrevista > Marc García Manzana / Director general de Costas, Puertos y Aeropuertos (València, 27-marzo-1989)
La Comunitat Valenciana en breve podría contar con una ley autonómica de costas por primera vez. Durante la pasada legislatura ya se aprobó un Plan de de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL), pero el actual Consell quiere profundizar más en esta cuestión estableciendo una norma general que regule todas las acciones urbanísticas, y de otras índoles, que se pueden o no se pueden realizar en los terrenos más próximos a nuestro mar.
Para conocer más detalles de esta propuesta normativa hemos querido conversar con Marc García Manzana. Este ingeniero de caminos y licenciado en Derecho es funcionario del Estado por oposición desde 2014, habiendo trabajado en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y luego en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Desde agosto de 2024 -cuando Vox rompió con el PP para salirse del Govern- ha asumido el cargo de director general de Costas, Puertos y Aeropuertos en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
Siendo funcionario estatal, ¿cómo te surgió esto de entrar en la Generalitat?
Fue a propuesta del actual conseller Vicente Martínez Mus, quien me llamó para hacerme una entrevista y me propuso ocupar esta plaza que él mismo había dejado libre cuando fue ascendido a su actual cargo.
Le dije que sí, y desde entonces me he metido en este barco con tres objetivos claros: aprobar la ley de costas, dinamizar la gestión de los 35 puertos marítimos que gestiona la Generalitat y conseguir que el aeropuerto de Castellón siga despegando a un ritmo importante como ya lo está haciendo.
Vamos con la futura ley de costas. ¿En qué punto se encuentra el proyecto actualmente?
El primer trámite consiste en redactarla en esta conselleria, pedir informes al resto de consellerias, hacer una exposición pública y contestar a todas las posibles alegaciones. Una vez se hace esto, el anteproyecto llega al Consell para su primera aprobación. El siguiente paso es pedir otros dos informes necesarios al Comité Económico y Social y al Comité Juridic Consultiu. A raíz de esto se hacen las modificaciones pertinentes.
Todo esto está ya hecho, por lo tanto en febrero ya elevamos el proyecto legal a Les Corts. Tras una primera revisión, desde el 24 de febrero el texto está ya en tramitación parlamentaria. Se están celebrando diversas comparecencias de personas de la sociedad civil como profesores universitarios, abogados y algunos afectados en las que los grupos parlamentarios pueden realizarles las preguntas que consideren.
«Te puedo asegurar que la homogenización que se hace desde los ministerios no es siempre acorde a la realidad»
Entonces… ¿cuándo crees que se someterá a la votación del pleno parlamentario para su aprobación de forma definitiva?
Todo depende del ritmo que lleven en Les Corts. Después de estas comparecencias se tiene que debatir en la comisión y darse las negociaciones políticas. Es posible que se introduzcan enmiendas, que incluso pueden ser a la totalidad.
La idea es que se apruebe en el vigente periodo de sesiones parlamentarias que abarca hasta el verano. El cuándo se producirá exactamente la votación en el pleno… pues no lo sé. Posiblemente hacia la Pascua.
El tema de Costas ya está regulado desde el Estado. ¿Por qué es necesario que en la Comunitat Valenciana también tengamos nuestra propia ley?
He sido funcionario en los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, y te puedo asegurar que la homogenización que se hace desde allí no es siempre acorde a la realidad. Por ejemplo no es lo mismo la actividad turística de la costa gallega que quizás solo abarca agosto, que en la Comunidad Valenciana que va desde Pascua hasta el puente del Pilar o en Canarias donde la temporada alta dura todo el año. Muchas veces desde Madrid se olvidan de esta sensibilidad territorial.
De hecho esto lo han visto ya otras comunidades autónomas. Baleares, Canarias, País Vasco, Cataluña y desde hace poco también Galicia ya tienen sus propias normativas. Solo quedamos cuatro comunidades costeras que no estemos gestionando nuestro propio litoral, y hemos decidido que ya era nuestro momento.
«Queremos involucrar mucho a los ayuntamientos en la decisión del estatus que tienen las zonas de costa»
¿En qué cambiará exactamente nuestra gestión del litoral?
Principalmente lo vamos a dividir en tres zonas. Por un lado las de protección, donde los valores naturales son muy importantes y por tanto no se podrán realizar actividades perjudiciales del medio ambiente. En segundo lugar las zonas de transición o mejora paisajística, que tendrán una protección intermedia. Y por último las zonas urbanas o de reordenación.
Lo fundamental de esta ley es que dictaminará lo que no se puede hacer en cada una de estas zonas, lo que sí se puede hacer con carácter general y lo que sí se puede hacer pero solo mediante una autorización. Esto nos otorgará una seguridad jurídica a lo largo de todo el litoral.
La ley también otorga más poder de decisión a los ayuntamientos, ¿no?
Sí. Una vez que se apruebe la ley tendremos un plazo de tres meses para desarrollar un plan de protección de la costa. Aquí se establecerá la categoría de cada tramo, y queremos que los municipios tengan mucha voz en este proceso. Así serán ellos mismos quienes determinen en gran medida lo que se puede hacer o no en sus playas.
«Vamos a buscar suelos alternativos para las personas afectadas por deslindes del Estado»
El conseller Martínez Mus ha declarado que con esta ley se podrán crear “bolsas de suelo para reordenar espacios no recuperados”. ¿Qué significa esto exactamente?
Otro de los pilares de esta ley es que nos obliga a que en la Conselleria ataquemos, vía administrativa o judicial, todos los deslindes realizados por parte de la Administración General del Estado que tengan algún perjuicio para la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, en ocasiones nos ocurrirá que nos encontraremos con deslindes que no podamos paralizar. Por ejemplo, este febrero se produjo una manifestación en Denia contra el deslindamiento de tres tramos de catorce kilómetros y resulta que uno ya está aprobado. Ahí ya poco queda por hacer, hay unas casas que quedan en dominio público marítimo-terrestre y el Ministerio notifica la recuperación de posesoria. Esto es un eufemismo que básicamente significa “yo soy el Estado, esta casa me la quedo y voy a derribarla”.
Con estas bosas de suelo lo que pretendemos otorgar es un suelo alternativo para esas personas que ya están en esta fase inmediatamente anterior al derribo.
¿Esta solución suele ser del agrado de las personas afectadas?
Es verdad que esto no acaba de gustar del todo a algunas asociaciones en defensa de la propiedad privada. Ciertas veces me han manifestado que les parece como tirar la toalla. Yo siempre les respondo que no es así, porque nosotros desde la Generalitat igualmente vamos a luchar hasta el final.
Sin embargo hay veces donde no queda otra opción, ya que el deslinde ha sido aprobado por el Estado y no existe posibilidad de revertirlo. En estos casos, queremos que por lo menos exista esta alternativa.
«En esta ley no se entra en la cuestión de construir más o menos cerca del mar»
Los críticos a este proyecto de ley autonómica dicen que suprimirá totalmente el Pativel y permitirá volver a construir grandes hoteles y viviendas cerca de la costa como en los años sesenta. ¿Esto será realmente así?
Invito a todo el que crea esto, a que se lea de verdad la ley. En ningún momento se dice si se puede edificar a 10, 100 o 500 metros. No se entra en esta cuestión. Sin embargo hay algunos sectores que la están atacando desde el primer día, y diciendo cosas de toda índole como ésta.
Recientemente el presidente, Carlos Mazón, ha criticado la Ley de Costas estatal aduciendo que es demasiado agresiva y que “sacrifica la seguridad de las personas por un ecologismo extremo”. ¿También lo consideras así?
Obviamente. Estamos en un mismo barco y el presidente Mazón nos marca el rumbo. Esto es solicitar al Ministerio que se realicen todas las obras pendientes contra la regresión del litoral. Desde 2015 se aprobaron 69 actuaciones, pero solo se han ejecutado diez.
Por eso pedimos también al Estado que no realice más deslindes hasta que no se ejecuten estas obras. Porque ahora mismo se está generando una situación de inseguridad jurídica, además de una injusticia total.
«El Estado solo ha ejecutado 10 obras en nuestro litoral de las 69 pendientes desde 2015»
¿Por qué una injusticia?
Te pongo un ejemplo. Una persona tenía una playa a 50 metros de su casa hace años. Sin embargo dicha distancia se ha ido reduciendo a causa de una inactividad total por parte de la Administración Central. Y ahora como ya no queda playa, el Ministerio dice: “he revisado el deslinde, y desde este momento su casa aparece en dominio público marítimo-terrestre”.
Nosotros entendemos que esto no puede ser. Primero haga usted las obras para la defensa del litoral, y luego ya hablamos de revisar los deslindes.
Esto no solo ocurre en la costa. Todos los expertos coinciden en que la DANA habría sido bastante menos catastrófica si la CHJ hubiera construido las infraestructuras pendientes en barrancos. Tú has trabajado en esta entidad, ¿por qué cuesta tanto hacer estas obras?
El problema es que efectivamente no realizar obras tiene consecuencias. No hay que huir de construir, se puede encontrar perfectamente el equilibrio entre edificar infraestructuras y proteger el medioambiente. Una obra por sí misma no tiene porque ser trasgresora con el ecosistema.
De hecho en el caso concreto del que hablábamos, estas obras sirven para defender las playas. Si no hay voluntad por parte del Ministerio para hacer espigones o aporte de arena… al final nos vamos a quedar sin ellas. Y hay zonas donde hay casas, pero también otras donde hay parques naturales como el Prat de Cabanes (Castellón) en donde si no se actúa el mar acabará entrando.
La clave es realizar análisis sobre el coste-beneficio de estas actuaciones. Y aquí lógicamente lo que debe pesar más es la protección de las personas.
«Si no hay voluntad por parte del Ministerio para hacer espigones o aporte de arena… al final nos vamos a quedar sin algunas playas»
Mazón también ha pedido que se transfiera totalmente la competencia de costas a la Generalitat.
Así se va a solicitar, es algo que va aparejado en paralelo a la propia ley que queremos aprobar. Esto no es una novedad, es algo que por ejemplo hemos visto recientemente en el País Vasco. Nosotros queremos gestionar a ambos lados de la raya del deslinde. Es nuestra aspiración.
Te pregunto también por los pequeños puertos marítimos que gestiona la Generalitat. Actualmente se están haciendo obras de dragado en Denia. ¿Tenéis planificado actuar en alguno más próximamente?
Me gustaría destacar que el dragado de Denia era una reivindicación histórica, porque durante todo el mandato del Botànic no se hizo ninguno importante aquí. El último data de la época en que Isabel Bonig era consellera, cuando se extrajeron 30.000 m3 de arenas y lodos. Nosotros ahora vamos a extraer 60.000 m3.
Hay que tener en cuenta que la actividad de Denia se incrementa mucho a partir de Pascua, con más de 2.000 barcos recreativos, así como aumentan las conexiones con Baleares. Así que sería inviable seguir dragando. Por eso a partir de entonces nos llevaremos la dragadora a Santa Pola, donde queremos recuperar siete metros de calado en la bocana. Probablemente el siguiente paso será en Cullera. Y pasada la temporada alta, la dragadora volverá a Denia.
