Definición de remanente: adjetivo, nombre masculino. Que queda o se reserva para algo. Es decir, los ahorros, en este caso de los ayuntamientos.
Es el típico tecnicismo que hasta hace dos días los ciudadanos no sabían lo que era, y que de momento se puso de moda. Y es que la memoria a veces es muy traicionera, y se nos olvida que fue el ministro del PP Montoro quien creó el problema al ordenar bloquear los remanentes municipales, y es inevitable que hubiera una reivindicación masiva para que fueran disponibles por los ayuntamientos… Aprobada por un PP, galopante, que ahora reniega de sus propios principios.
Acuerdo precario
Quién le iba a decir al alcalde de los alcaldes el papelón que tenía que vivir. Y es que los ayuntamientos de todos los colores no están contentos y amenazan con tumbar, a través de sus grupos parlamentarios, el acuerdo que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda alcanzaron para el uso de remanentes de caja.
El pacto en la FEMP era precario puesto que solo lo apoyaban los alcaldes socialistas y, tras las modificaciones exprés, logró la abstención del grupo conformado por Podemos, IU y los comunes.
Desde la ‘ley Montoro’ los ayuntamientos no han podido gastar sus superávits
Resumen del problema
Desde la llamada ley Montoro los ayuntamientos se han visto imposibilitados para gastar su superávit en inversiones para sus vecinos, teniendo que dejar ese dinero ingresado en los bancos; en total actualmente unos 15.000 millones de euros.
Como incongruencia mayor, dichos bancos cobran intereses (no dan) a esas entidades por tener allí sus ahorros, una penalización de unos 70 millones de euros que ahora dejarían de pagar si prestan ese dinero al Gobierno central.
El Gobierno central quiere poder usar los 15.000 millones de euros ‘ahorrados’ por los ayuntamientos
El Gobierno de España usaría prestados esos 15.000 millones de ahorro de los ayuntamientos y se los devolvería en diez o quince años, con un interés del 0%. Eso sí, se crea un nuevo fondo de 5.000 millones de euros (dinero que no tendrán que devolver) para los municipios que se acojan al plan: 2.000 millones para 2020 y 3.000 en 2021. El acuerdo permitiría a las entidades locales disponer de fondos adicionales a partir de septiembre.
La fórmula elegida no convence a una gran parte de los alcaldes
Opiniones diversas
Y son varios los partidos, con el PP de abanderado, que amenazan con tumbar en el Congreso de los Diputados el decreto ley de la discordia. Veamos las diferentes posiciones en la provincia y en la comunidad.
Carlos González, alcalde de Elche, de forma disciplinada asumía las directrices de la FEMP. Elche prestará a Hacienda su remanente de 9 millones a cambio de 3,5 millones de euros de inversión y estos se pueden utilizar como gasto corriente.
Bascuñana, alcalde Orihuela, ha dicho “que es una cuestión que va más allá de lo económico; se trata de una agresión a los principios y dignidad del pueblo”. Se olvido mencionar que fue su partido quien puso la ley de estabilidad presupuestaria sin que en ese momento se viera como un ‘chantaje’ por parte de Montoro.
Barcala, alcalde de Alicante, concluye que “lo único que pretende el Gobierno central es quedarse con el dinero para disponer de él… y eso no debemos permitirlo”. Fue el más listo de la clase, seguramente por indicación del decano de los Interventores Francisco Guardiola, y lo que hizo fue cancelar la deuda, generada en la etapa de Sonia Castedo, de 18,9 millones de euros que aún se debían a los bancos. Así evita que ese dinero vaya al fondo estatal.
Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMYP) reclama “flexibilizar el tratamiento de los remanentes y del marco de competencias de los ayuntamientos”.
Francés, alcalde de Alcoi, va a optar por utilizar ese remanente para amortizar su deuda y así no tener que ceder al Gobierno esa partida, tal como ha hecho Barcala en Alicante.
Grimalt, alcalde de Denia, fue el primero en desmarcarse debido a la situación económica de su municipio, que arrastra el pago de varias sentencias urbanísticas que les impide participar. Explica que el consistorio tiene 4 millones y medio de euros pendientes de pagos por estas sentencias, derivadas de las etapas previas del PP, que se han hecho firmes durante este ejercicio, además de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria de la covid-19.
Posición de la ejecutiva socialista
Sin embargo, a la ejecutiva socialista provincial no le queda otra que respetar los desmarques para no aportar este remanente al Estado.
Tanto el secretario provincial del PSOE, José Chulvi, alcalde de Jávea, como el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, se han mostrado a favor de analizar de forma personalizada cada caso y de «poner a cada municipio en su contexto» a la hora de participar con su remanente local de tesorería.
Compromís en contra
Por su parte Compromís, con Joan Ribó desde Valencia, también se ha pronunciado y ha acusado a Pedro Sánchez de querer “apropiarse” de esos remanentes «sin una contrapartida atractiva a cambio». Y es que es el ayuntamiento que ha pagado más deuda de toda España, gracias a la gestión del recientemente desaparecido Ramón Vilar, que amortizó más de la mitad de la disparatada deuda que había dejado Rita Barberá.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, responde a la demanda de los ayuntamientos para usar sus recursos disponibles acumulados en los años en que se ha aplicado la norma de Montoro, que impide a las administraciones locales emplear sus superávits en cualquiera de las necesidades básicas de cualquier municipio, como dotaciones, servicios sociales, cultura, etc.
Sin embargo, y a pesar de que en primer término esto supone desbloquear fondos –un 35% de lo acumulado por ayuntamientos de forma inmediata–, y afrontar el pago que le supone al Estado mantener los ERTES, ha enfadado a muchas alcaldías que están pensando más en sus municipios, seguramente con razón, antes que en la globalidad de los españoles.
