Un sobresalto. En eso quedó afortunadamente el incidente que se registró en las atracciones de feria que se instalaron en Alcoy con ocasión de las fiestas de Moros y Cristianos. Cuatro menores, con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años, tuvieron que ser trasladados al Hospital Verge dels Lliris de Alcoi tras el accidente que sufrieron en una montaña rusa de reducidas dimensiones.
La razón del incidente fue un fallo mecánico en la atracción, el cual provocó que el vagón en el que estaban montados los pequeños se soltara del resto del convoy.
Todo quedó en anécdota (y en unas ligeras contusiones para los cuatro menores), y muestra de ello es que la atracción volvía a entrar en funcionamiento el día posterior al accidente, todo después de ser sometida a una nueva revisión técnica y de que se subsanara la avería.
Se trata de un escenario muy distinto al que se registró en Mislata a principios de año, con un balance de dos niñas fallecidas y una causa abierta por homicidio imprudente, en la que están imputados los dueños de un hinchable y el ingeniero que autorizó la instalación.
Cuatro menores resultaron heridos tras el fallo mecánico en una atracción de feria
Demandas de los consumidores
Accidentes como el ocurrido en la pequeña montaña rusa de Alcoy, o el letal castillo inflable de Mislata, han llevado a algunas asociaciones a pedir que se extreme la seguridad en estas instalaciones.
“Los consumidores somos marionetas que dependemos de que la administración y los empresarios hagan bien su trabajo”. En estos términos se expresa Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), quien arroja algunas dudas al respecto del cumplimiento de la legislación que regula este sector.
“Legislación hay, ¿pero estamos seguros de que se cumple? ¿Los controles se pasan de manera exhaustiva? ¿Se inspeccionan de verdad todas las instalaciones?”. Moner considera necesario plantearse estas preguntas, ya que en el centro del debate está el público infantil, es decir, “usuarios especialmente vulnerables”.
Ayuntamientos, últimos responsables
En la Comunitat Valenciana, la encargada de regular estas instalaciones es la Ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Aunque la legislación tiene carácter autonómico, son las administraciones locales quienes deben garantizar su cumplimiento.
Entre otras cosas, les exigen a los feriantes que toda la documentación esté en regla, y también deben cerciorarse de que un ingeniero verifique si la instalación se ha hecho siguiendo los protocolos correctamente.
Para el presidente de CECU, la responsabilidad debe estar repartida entre feriantes y administraciones públicas. “Antes de pedir una normativa más exigente, lo primero que hay que hacer es comprobar si se cumple la actual. En caso de accidente, el responsable puede que no sea únicamente el empresario, sino también el responsable de no haber revisado completamente la seguridad”.
«Antes de pedir una normativa más exigente, hay que comprobar si se cumple la actual» F. Moner
La legislación es «completa»
Esta opinión es compartida desde la Asociación Española de Juegos Hinchables, un ámbito que está íntimamente vinculado a la actividad ferial. El presidente de esta asociación, el alcoyano Tomás Tomás, cree que la legislación de este tipo de instalaciones es “clara, concisa y completa”. A pesar de todo, cree que, “desgraciadamente, hacen falta más mecanismos para hacerla cumplir”.
El empresario pone el ejemplo del trágico suceso de Mislata para hacer patente esta necesidad. Según la investigación, todo apunta a que el ingeniero que debía de certificar sobre el terreno la correcta instalación del hinchable podría haber plasmado su firma a distancia. “Si trabajas conforme a la normativa, es muy difícil que surjan problemas”, apunta Tomás.
«Estrictos» requerimientos
Por su parte, algunos empresarios hacen patentes los «estrictos» requerimientos que les piden desde la administración local. Para Juan Antonio Almazán, vicepresidente de la Asociación de Feriantes Industriales de Valencia, “hay ayuntamientos que incluso llegan a exigir más de la cuenta”. Para ilustrar esos requerimientos, el feriante alude, por ejemplo, a la verificación de la altura de los escalones de una atracción para que no superen determinados centímetros.
Almazán también explica que todas las atracciones deben someterse a una revisión anual, así como otra de manera respectiva cada vez que se instalan y desinstalan. La revisión la suele realizar un ingeniero, ya sea del ayuntamiento o contratado a través de una empresa externa.
Las atracciones se someten a una revisión anual, y a otra cada vez que se instalan y desinstalan
Accidentes ‘inevitables’
Algunos Ayuntamientos también exigen una OCA, o lo que es lo mismo, una inspección técnica a cargo de un Organismo de Control Autorizado. No siempre es obligatoria, pero se suele exigir en algunos casos.
Junto a todo ello, los feriantes también están obligados a presentar la documentación relativa al seguro de responsabilidad civil, el alta en el régimen de autónomos y el seguro de sus trabajadores.
Para Almazán, ni siquiera el cumplimiento de estos requisitos es garantía de que se eviten los accidentes. “Es muy difícil, por no decir imposible”. En ese sentido, alude al percance que sufrió el pasado año en Gandía, cuando el fuerte viento le derribó de manera espectacular una noria de su propiedad. “¿Quién se iba a esperar algo así? Hay que saber distinguir entre accidentes y negligencias”.
