Que el aparcamiento -o su escasez en el entorno cercano a algunos de sus puntos más turísticos- es uno de los caballos de batalla políticos y sociales que han venido marcando la agenda de Altea desde hace ya muchos años, es una realidad que todos los habitantes, y muchos visitantes, de la Villa Blanca conocen bien.
Una situación que, según alertan los más críticos con esta situación, está provocando una continua huida de visitantes hacia otros puntos de la Costa Blanca, como l’Albir o Calp, donde resulta más sencillo dejar el coche para pasear, llegar a los restaurantes o, simplemente, pasar el día.
Un contrato de dos décadas
Esa realidad no es nueva, pero son muchas las miradas que están puestas en la zona afectada por las obras del nuevo frente litoral alteano, que ha supuesto la supresión del parking del charco así como de otras plazas cercanas, y nadie sabe muy bien cómo afectará esa circunstancia a la gran prueba de fuego ya inminente del verano, el primero después de la pandemia, que supondrá para el sector turístico local.
Pero el problema de la Villa Blanca con los estacionamientos no sólo tiene como origen su complicada trama urbana, con la gran mayoría de calles del casco urbano cerradas al tráfico y otros viales ganándole espacio, como sucede en muchos otros municipios y ciudades, a la bicicleta y al peatón. Existe otro problema de fondo relacionado con un contrato que se firmó hace ya 22 años y que ahora el gobierno local ha colocado en su punto de mira.
El contrato se firmó en el año 2000 con un periodo de concesión de sesenta años
Un acuerdo a 60 años
A medidados del pasado mes de mayo, el Ayuntamiento de Altea anunció su intención de iniciar la revisión de oficio del contrato que mantiene con Asterita, la mercantil que en el año 2000 se hizo con la gestión de la zona azul que, además, lleva parejo el servicio de grúa y el depósito municipal.
Un contrato que se firmó por un periodo de sesenta años y que contemplaba la construcción de cinco aparcamientos en el término municipal, que serían a su vez explotados por esa misma mercantil, hecho este con el que se justificó una concesión a tan largo plazo, ya que se entendía que esas obras iban a requerir una fuerte inversión por parte de la empresa y que iba a precisar de muchos años para amortizarla.
El Ayuntamiento estudia ahora la anulación total o parcial del acuerdo
Incumplimientos del contrato
Sin embargo, veintidós años después de la aprobación de aquel contrato y con todavía treinta y ocho por delante, Asterita sólo ha ejecutado uno de esos cinco aparcamientos a los que se comprometió, algo que el gobierno local entiende como un incumplimiento suficiente como para acortar ese plazo inicial de sesenta años y volver a licitar, total o parcialmente, el servicio.
Para ello, y con el apoyo de toda la corporación municipal salvo el Partido Popular, que optó por la abstención, el pleno del Ayuntamiento de Altea aprobó la caducidad de la anterior revisión de oficio iniciada por el gobierno local para, de esta forma, enviar el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, para que este organismo pueda emitir un informe que marque el camino a seguir por el consistorio alteano en relación a este contrato.
El consistorio ha encargado las auditorías para conocer los ingresos obtenidos en la zona azul y las inversiones realizadas
Dos opciones
Tal y como explicó en ese pleno el edil de Infraestructuras, Diego Zaragozí, el gobierno local se debate ahora entre dos opciones que pasan por decretar una anulación parcial o total de ese contrato, sin que la misma implicara la pérdida de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.
Esto implica que, si se optase por la revocación total, la empresa concesionaria dejaría de prestar todos los servicios (zona azul, grúa, depósito municipal y la gestión del aparcamiento ya construido) con la correspondiente compensación que se determine. Si por el contrario se optara por una anulación parcial, habría que estudiar el pliego de condiciones para determinar qué servicios son los que quedarían anulados.
Desacuerdo en las cuantías
Uno de los mayores escollos a los que se enfrenta esta negociación es a las cantidades que la empresa debería percibir en concepto de las estancias de los vehículos en el depósito municipal, algo por lo que la concesionaria pidió hace ahora poco menos de un año algo más de doce millones de euros, una cantidad que a día de hoy ha aumentado en tres millones hasta alcanzar los 15,7.
Una realidad que se complica todavía más cuando se trata de evaluar los motivos que han llevado a la empresa a ejecutar sólo uno de los cinco aparcamientos a los que se comprometió. En tanto y cuanto esas inversiones estaban ligadas a los beneficios que la concesionaria obtuviese por la gestión de la zona azul, el Ayuntamiento quiere ahora realizar las auditorías necesarias para determinar los ingresos que se han obtenido por este concepto y su relación con las inversiones realizadas.
