El Ayuntamiento de Alicante pretende instaurar una nueva ordenanza de Convivencia Cívica, después de que la última aprobada durante la época de Sonia Castedo como alcaldesa fuera derogada por el tripartito de izquierdas (PSOE, Guanyar y Compromís) en 2015.
El pasado 14 de octubre el actual bipartito (PP y C’s) que gobierna la ciudad presentó el borrador previo de esta ordenanza tras validarlo en la Junta de Gobierno Municipal, que deberá elevarse a pleno para su aprobación definitiva.
Las nuevas sanciones irán desde los 210 hasta los 3.000 euros
Nuevas sanciones
El texto propuesto por el bipartito busca combatir la mendicidad “coactiva”, es decir aquellas actitudes de violencia o acoso que dificultan el libre tránsito a los ciudadanos por las calles y parques de Alicante.
Por otra parte la ordenanza también pretende luchar contra la prostitución y las prácticas sexuales en vía pública. Así mismo prohíbe realizar todo tipo de grafitis, consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos o realizar juegos o competiciones deportivas multitudinarios sin autorización municipal previa.
Para todas estas acciones, algunas de ellos ya prohibidas actualmente sin necesidad de esta ordenanza, se establece un nuevo régimen de sanciones que van desde 210 hasta 3.000 euros.
«En vez de combatir la prostitución, el bipartito quiere multar a las mujeres explotadas» L. Cano (PSOE)
Críticas
La oposición de izquierdas en el Ayuntamiento ha clamado contra este nuevo proyecto de ordenanza de Convivencia Cívica, pues consideran que en realidad está orientada a criminalizar a las personas más vulnerables. De hecho, en el pleno municipal celebrado el 29 de octubre, el grupo Unides Podem (UP) presentó una declaración institucional para instar a su retirada.
“Estas normas son más propias del Franquismo que del siglo XX. Estamos prohibiendo que las personas sin casa puedan dormir, orinar o lavarse en la calle. Entonces… ¿dónde lo van a hacer? ¿Pretenden que allanen casas ajenas para realizar sus necesidades fisiológicas? El alcalde está creando alarma social convirtiéndoles en peligrosos, cuando en realidad más bien es el mundo el que es peligroso para ellos” señaló Xavier López, portavoz de UP.
Desde el PSOE tampoco ahorraron críticas. “¿De veras creen que su electorado quiere que la Policía vaya poniendo multas de 700 euros a un vagabundo por dormir entre cartones helándose de frío, o 500 euros al señor Julián que lleva 20 años vendiendo pañuelos en la rotonda de La Albufereta? Ustedes solo saben multar a quien no tiene dinero. Y el colmo es que en vez de combatir la prostitución, pretendan sancionar a las mujeres explotadas” declaró Llanos Cano, concejala socialista.
Natxo Bellido, portavoz de Compromís, reprochó que la ordenanza solo busque sancionar sin aportar programas sociales para ayudar a las personas más vulnerables. “Están ustedes equiparando a explotados con explotadores. Así contribuyen a crear aporofobia y estigmatizar todavía más a estas personas” declaró.
También quiso intervenir en el pleno municipal Manuela Arcas, portavoz de la asociación Reacción Solidaria de Alicante, quien igualmente se mostró muy crítica. “Lo más fácil siempre es sancionar, pero nadie duerme en la calle por gusto. Si el Ayuntamiento pretende hacer desaparecer así la pobreza y exclusión por arte de magia, ya les adelanto que esto no sucederá” señaló.
«Esta ordenanza va de evitar ruidos, grafitis, actos vandálicos y luchar contra las mafias» J. R. González (PP)
Lucha contra las mafias
En representación del equipo de gobierno municipal José Ramón González, concejal de Seguridad por el Partido Popular, defendió el borrador. “Es un eufemismo decir que esta ordenanza persigue a los mendigos y las prostitutas. Esto va de evitar los ruidos, grafitis y actos vandálicos. Y por supuesto, también de luchar contra las mafias que abusan de todas estas personas, y sancionar al cliente que busca la explotación sexual” aseguró.
González incluso acusó a la izquierda de haber propiciado un auge de la acción de estas mafias en Alicante. “En la época del tripartito ustedes derogaron la anterior ordenanza y no aprobaron absolutamente nada en su lugar, dejando desprotegidos a todas estas personas que ahora fingen defender” exclamó.
El único apoyo que encontró el bipartito en la oposición fue en Vox. “El derecho a orinar en la calle no existe. Alicante es una de las ciudades más sucias de España, entre otras razones porque muchos ciudadanos hacen lo que les viene en gana. Esta ordenanza ayudará a evitarlo, y no es incompatible con impulsar acciones sociales para ayudar a estas personas en exclusión” declaró Mario Ortolá, portavoz de la formación verde.
Aprobación definitiva en el aire
Finalmente la declaración institucional propuesta por UP fue rechazada por 15 en contra (PP, C’s y Vox) y 13 a favor (PSOE, UP y Compromís). Aún así la formación morada se ha propuesto parar esta futura ordenanza por otras vías, como presentando una Propuesta No de Ley (PNL) en Les Corts.
“Es un texto muy dudoso desde el punto de vista constitucional pues los ayuntamientos no tienen competencias para regular estas materias”, declaró el concejal Xavier López en el pleno dejando la vía abierta a tomar acciones judiciales.
Por parte de Compromís, su portavoz Natxo Bellido intentó una suerte de trueque, ofreciendo al bipartito votar a favor de la última (la cuarta) modificación de crédito presupuestario propuesta para tomar medidas anti-COVID a cambio de que fuera retirada la ordenanza. Sin embargo, el concejal popular José Ramón González rechazó esta proposición de Compromís definiéndola como un “chantaje”.
Como comentábamos con anterioridad, la ordenanza aún tiene que ser votada oficialmente en el pleno municipal y ser expuesta a un periodo de alegaciones públicas. Por tanto su texto final todavía puede experimentar modificaciones, de las cuales seguiremos informando en este periódico.
