El poderío, para una flota pesquera, se muestra en sus activos. En estos momentos, según los datos aportados por la cofradía de pescadores de Santa Pola, desde aquí operan 36 barcos de arrastre y 90 de artes menores. Datos como para situarla entre las principales en el litoral provincial. Pero, de continuar adelante las nuevas medidas que aplica en el sector pesquero el Gobierno español desde 2020, en plena pandemia, estas cifras podrían decrecer considerablemente.
“Nosotros lo único que queremos es trabajar. Lees que dan tal o cual subvención. Ni siquiera pedimos eso, ayudas o subvenciones, solo que nos dejen faenar”, señala Ángel Luchoro, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Santa Pola.
Pero las sombras asoman en el horizonte bautizadas como Plan de Gestión para la Conservación de los Recursos Pesqueros Demersales (peces que viven cerca del fondo del mar o lagos) en el Mediterráneo, que pretenden reducir las horas de actividad de la flota española hasta un cuarenta por ciento para el año 2025.
Reglamentos desde Europa
“Se parte de una reglamentación flexible, adaptable a los Estados miembros, que cada país de la Unión Europea concreta de una determinada manera -explica Luchoro-, pero aquí, que siempre queremos ser más papistas que el papa, se está aplicando todo. El reglamento da flexibilidad a los gobiernos, pero el nuestro tiene una hoja de ruta muy clara y desde la secretaría de Pesca te dicen que se va a aplicar a rajatabla sí o sí”.
La letra de la ley
El plan en cuestión lo publicaba en el Boletín Oficial del Estado el 1 de agosto de 2020 el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “conforme a las previsiones (ecológicas) establecidas en el citado Reglamento 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019”.
Y efectivamente, no todos los países mediterráneos, a los que va dirigido, lo han desarrollado de forma tan estricta como aquí. Italia, por ejemplo (como apunta el patrón mayor), argumentó que no podía formalizar tales objetivos.
Reducciones de días
Para el sector está resultando muy problemática esta aplicación ‘a rajatabla’ de las directrices europeas, en una profesión que ha cambiado mucho desde que Ángel Luchoro empezó a faenar, incluso desde que entró como patrón mayor de la cofradía de pescadores en mayo de 2010.
“En el tema de la pesca se ha informatizado muchísimo”, medita Luchoro. Pero estas mejoras implican, claro, mayor inversión. Algo complicado de lograr cuando se dificulta la posibilidad de vivir de esto.
Falta de rentabilidad
“Para nosotros la rentabilidad decae a partir de 200 días -cuenta Luchoro-. Y aunque no se aplica a todos por igual, estamos ahora en una media de entre 150 y 180 días” en el caso de Santa Pola. En el plan plurianual contaban con unos 218 días, pero han acabado con “entre un cuarenta y un cincuenta por ciento de reducción de esfuerzo”.
“Este año llevamos casi tres meses de reducción. Claro, quien quiera dedicarse a esto no ve futuro. Si tienes una hipoteca, que la cobran mensualmente, y te encuentras meses sin trabajar, ¿cómo la vas a pagar?”, plantea el patrón mayor.
Acciones de protesta
La cofradía santapolera, como las de buena parte del litoral mediterráneo español, ha demostrado ser especialmente activa, con iniciativas como la marca comercializadora Peix de Santa Pola, registrada por el ayuntamiento en 2005 y sujeta a convenio entre la cofradía y el consistorio desde 2015.
Tampoco han estado ociosos ahora, en lo grande (“tenemos presentado un contencioso administrativo en Estrasburgo”) y en lo más cercano, con acciones como la protesta del pasado 14 de mayo en el puerto, con pitadas y gritos (“¡Somos pescadores, no delincuentes!”).
Lucha internacional
En cuanto a las acciones en Europa, Luchoro comenta que se pusieron inmediatamente en contacto con el presidente de la comisión de Pesca, tan pronto se aprobaron las directrices, para que valorara cómo se aplicaba la medida aquí.
“Además, el sector ha presentado por segundo año a la secretaria general, Alicia Villauriz, la situación y posibles alternativas”; aunque, según denuncia, no han sido escuchadas desde el Gobierno. Quedaron también desde Europa en estudiarlas, pero quizá la lección es muy densa.
Cuestiones legales
La actuación del ministerio no les está gustando, ni los cambios de rumbo en disposiciones legales: “todos los años nos modifican las leyes”, se queja Luchoro.
“Nos dijeron al principio que la reducción iba a ser de cero, para pasar a ser del 8,3 por ciento -añade el patrón mayor-; y ahora estamos entre el catorce y el diecisiete. Pero no se trata de algo equitativo, y hay quien afronta una reducción del veinte por ciento”.
Sin visos de solución
La situación de esta “reconversión encubierta contra la pesca de arrastre” no parece, de momento, tener visos de solución para el sector. “Es que además se han aprovechado del estado de alarma para aplicarla -se queja el patrón mayor-. Ahora nos quieren imponer unos artes nuevos, lo que incrementa la inversión”.
Y eso tiene consecuencias: “Los barcos han pasado de llevar de diez a doce personas a siete, seis o incluso cinco”. ¿Hay evolución? “Evolución no -ironiza Luchoro-, más bien adaptación para la supervivencia”.
