A pesar de la presión ejercida por asociaciones vecinales, ecologistas y una parte de la oposición, el Gobierno de Alcoy ha optado por mantener la privatización del servicio de abastecimiento del agua potable en la ciudad. La decisión se fraguó en el pleno celebrado este pasado mes de enero, donde se aprobaron las condiciones previas al inicio del expediente de contratación.
Una amplia mayoría votó a favor de mantener este modelo de gestión. Se contó concretamente con los votos favorables del propio Partido Socialista, Partido Popular, Vox y del concejal no adscrito Marcos Martínez (dieciocho votos); en contra de los seis votos de Compromís, Podem y Guanyar, así como la abstención de la concejala de Ciudadanos.
PSOE, PP y Vox avalaron en el pleno municipal la decisión de mantener la gestión privada
Un modelo mantenido veintidós años
Desde el Gobierno municipal apuntan que lo que saldrá a concurso es el mantenimiento de la red de distribución, en otras palabras, cómo llega el agua desde el manantial hasta los grifos, y el estado en que llega. Este modelo se viene aplicando desde el año 2000, gestionado de manera indirecta por una empresa especializada.
“En ningún momento lo que saldrá a concurso es la titularidad del agua, puesto que la propiedad de la misma es de todos los alcoyanos y así seguirá siendo”, puntualizan desde del ejecutivo local.
Los motivos por los que desde el Gobierno socialista se opta por seguir delegando la gestión son diversos. El vicealcalde y concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, explica que la experiencia de la gestión delegada es “positiva”, ya que “no suele haber quejas del servicio y, por tanto, ante unas condiciones técnicas que son muy especializadas en materia de calidad del agua, consideramos que la mejor gestión es la indirecta”.
Diversos colectivos ciudadanos se han mostrado contrarios a la decisión del Gobierno local
Razones económicas
El económico es otro de los motivos que esgrimen desde el Consistorio para la privatización del servicio. Apuntan que el estudio encargado a petición de Podem aporta unos datos que indican que “la gestión directa no reduciría lo que pagan los ciudadanos por el servicio, ni mejoraría el servicio técnico”, pues, como se apuntaba, requiere de una elevada especialización “difícilmente asumible por el Consistorio”.
Recuerdan además que el servicio de abastecimiento de agua tiene una “singularidad propia”; ello debido a factores como el brote de legionela sufrido en la ciudad hace unos años, las tuberías de fibrocemento de la red alcoyana, y por último la irregular orografía de la zona.
Añaden que en este tema “la empresa privada tiene un mayor conocimiento de la tecnología necesaria para prestar el servicio en las mejores condiciones, así como una mayor capacidad para solucionar las posibles incidencias en menor tiempo”.
Se realizará un proceso participativo para recoger propuestas respecto a la prestación del servicio
La cuestión política
Con relación a la decisión política que supone optar por una gestión directa o indirecta, el vicealcalde Martínez remarca que “en el programa electoral socialista no se recogía la municipalización del agua y, por tanto, se ha sido coherente”.
Sin embargo, no todos se han mostrado conformes con la decisión del Ayuntamiento. Desde el colectivo Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua consideran que el informe que justifica la privatización es “poco solvente jurídicamente y técnicamente, y basado a veces en afirmaciones y conjeturas que no están probadas”.
En la misma línea se expresan desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, desde donde proponen alternativas a la gestión directa del Ayuntamiento, como por ejemplo la que podría realizar una sociedad pública municipal.
La agrupación Xarxa Valenciana per l‘Aigua Pública también es partidaria de la municipalización. Aludiendo al informe de 2021 del relator especial de las Naciones Unidas, Pedro Arrojo, afirman que “la privatización del servicio municipal de agua potable en un contexto de globalización financiera abre la entrada a los fondos de inversión internacionales y a la especulación con un bien básico insustituible”.
Futura empresa pública
A todas estas demandas se habían unido recientemente las asociaciones vecinales de Alcoy, que en un documento firmado conjuntamente solicitaban al consistorio la convocatoria de una consulta donde la ciudadanía pudiera decidir entre la gestión pública o privada. Según el vicealcalde, esta petición no se traduce en un grado de insatisfacción respecto al servicio, y alude a las pocas quejas que recibe por el mismo el consistorio. “La preocupación popular es la de tener un buen servicio, independientemente de que sea público o privado”.
A pesar de todo, no se cierra la puerta a una futura municipalización de la gestión, aunque se supedita a la constitución de una empresa pública, y para la cual se está trabajando en la elaboración de los estatutos. “Yo también soy partidario de una gestión directa, pero esto no será posible hasta que constituyamos la empresa pública”, reconoce Martínez.
Durante los próximos meses se trabajará en el pliego de condiciones para la licitación. Además, se realizará un proceso participativo para recoger propuestas ciudadanas respecto a la prestación del servicio y el pliego de condiciones recogerá aquellas aportaciones que permitan mejorarlo. Entre las cuestiones en que se busca incidir en el citado pliego está un mayor control y transparencia, así como una mayor facilidad de acceso para los usuarios.
