El Gobierno de España ha remitido al Congreso el proyecto de la nueva Ley de Equidad Sanitaria, la cual tiene como uno de sus objetivos disminuir las derivaciones de pacientes entre la Sanidad pública y la privada, salvo “casos excepcionales” en palabras de la ministra Carolina Darias
Los derivados que hace la privada a la pública no siempre van acompañados de una compensación económica
Relación a veces conflictiva
La relación de la sanidad pública con la privada a veces resulta conflictiva; valga como ejemplo cercano toda la polémica que se ha levantado recientemente con la reversión del Hospital de Torrevieja antes gestionado a través de un consorcio y ahora directamente por la Conselleria de Sanidad.
El caso de las derivaciones es mucho más cotidiano, pues en el día a día es frecuente tanto que los hospitales privados envíen pacientes a la pública como viceversa cual partido de tenis. Eso sí, por razones bien diferentes.
En busca del beneficio
“El sector privado tiene la ventaja de que puede seleccionar a sus pacientes. Así pues, cuando reciben un caso especialmente complicado y no disponen de los recursos o la tecnología necesarios para atenderlo, pues se permiten derivarlo a la pública” nos explica Pedro Lorente, médico de Castellón y uno de los representantes de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en la Comunitat Valenciana.
El doctor Lorente nos explica que los centros privados prefieren los pacientes con patologías sencillas ya que les generan un gasto menor. “El objetivo de una empresa privada no es garantizar la asistencia sanitaria para todos tal y como está establecido en la Constitución, sino ganar beneficios y responder a sus accionistas. Las enfermedades raras no son rentables. Sin embargo la pública no puede permitirse rechazar a un paciente por muy complejo que sea su caso” nos indica.
Los centros privados usan sistemas informáticos diferentes a la SS, lo que dificulta poder compartir los historiales médicos
Falta de personal sanitario
Este fenómeno se produce también porque la sanidad pública goza, en ocasiones, de mejor equipamiento tecnológico que la privada. “Hay hospitales privados que sí están bien equipados, pero otros no tanto. En la sanidad pública valenciana pasamos malas épocas en las que incluso se externalizaban las resonancias, pero ahora hemos mejorado bastante. Lo que realmente nos falta es más personal sanitario” nos aduce.
Cuando un paciente paga su seguro privado y aún así es derivado a la pública, no siempre tiene derecho a percibir una compensación económica por ello. Existe un convenio acordado por la asociación de aseguradoras UNESPA y los sindicatos que establece que se le debe entregar cien euros por derivación al afectado. No obstante, en toda la Comunitat Valenciana solo una clínica privada está adherida a dicho convenio. En el resto de los casos dependerá de la política de cada empresa.
Pagar por reducir las listas de espera
Por otro lado en todos, los diecisiete sistemas sanitarios autonómicos que tenemos en España, es proceder común que se realicen derivaciones de pacientes a la privada. El objetivo no es otro que reducir así las listas de espera. Aunque en este caso, eso sí, el centro privado luego pasa la factura la consejería de Sanidad.
“Más allá de todo el gasto extra de dinero del contribuyente que esto supone, estas derivaciones causan un perjuicio muy grave para la sanidad pública. Porque no es más que poner un parche para salir del paso, pero así no se soluciona el problema estructural. Lo que realmente hay que hacer es contratar más médicos, invertir en infraestructura y desarrollar diversos servicios como la atención primaria” nos aduce el doctor Lorente.
Durante la pandemia estas derivaciones a la privada para casos ajenos a la covid-19 aumentaron especialmente. Según cifras publicadas por la Conselleria de Sanidad, en 2020 se realizaron 25.648 derivaciones de pacientes.
Desde la FADSP también nos señalan que este habitual intercambio de pacientes suele generar además problemas burocráticos, pues los centros privados usan sistemas informáticos y bases de datos diferentes a la Seguridad Social, lo cual dificulta que se puedan compartir fácilmente los historiales médicos.
«Cuando reciben un caso especialmente complicado y no disponen de los recursos o la tecnología, se permiten derivarlo a la pública» P. Lorente
Reacciones a la ley
Así pues muchos sanitarios esperan ansiosamente esta nueva ‘Ley Darias’, si bien otros temen que haga crecer todavía más las listas de espera en la sanidad pública. La Plataforma de Organizaciones de Pacientes se ha manifestado a favor aduciendo que es “un gran avance para uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país”.
Por su parte, desde el Consejo General de Enfermería también la han alabado, pero advirtiendo que “a las comunidades autonómicas les resultar imposible cumplir la nueva norma si no reciben la financiación necesaria”.
Beneficencia o calidad
Más críticos han sido en la FADSP con este proyecto legal pues lo consideran demasiado moderado. “Sigue abriéndose el paso a modelos privados que se dice serán ‘excepcionales’, sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control de la misma” manifestaron en un comunicado.
“Debemos plantearnos si queremos una sanidad pública que sea subsidiaria solo para quien no se puede permitir la privada como el modelo norteamericano, o si preferimos reforzar el estado de bienestar como los modelos europeos. Ahora mismo los seguros privados están aumentando y estamos yendo más hacia la primera opción, un sistema más de beneficencia que de calidad. La mejor solución es aumentar las plantillas, los recursos y revertir los hospitales” nos apunta el doctor Pedro Lorente.